En las agencias de trabajo, la situación se repite: miles de jóvenes trabajadoras son forzadas a ocultar a sus hijos en las entrevistas con el jefe de personal. Si ya están trabajando cuando quedan embarazadas, son despedidas. La mayoría trabaja en condiciones precarias, sin ningún resguardo legal ante el despido, ni mucho menos guardería o licencia por maternidad. Sin embargo, una de cada tres mujeres que trabaja es jefa de hogar. ¡Y más de la cuarta parte de las mujeres del país vive bajo la línea de pobreza! Esa es la realidad de millones de mujeres, porque sólo el 2,5% de las que trabajan son “patronas”; son muy pocas las cuentapropistas y la enorme mayoría –¡el 80%!- son asalariadas.
Este ejército de mujeres trabajadoras es mayoría en la educación, la salud y el trabajo doméstico; representan casi la mitad de los trabajadores de Comercio, Hoteles y Restaurantes. También tienen una alta participación en la industria textil y en la alimentación; pero siempre son incluidas en sectores donde se necesita menor calificación técnica –aunque la mayoría de las trabajadoras terminó el secundario-, donde cobran salarios menores a los de sus compañeros varones. A la discriminación laboral, los salarios más bajos y los trabajos más precarios, hay que agregar que las mujeres corren el riesgo de ser víctimas del abuso de capataces y patrones. Y que, además, están sometidas a otra jornada de trabajo que nadie reconoce como tal y que se hace gratuitamente: la que se dedica a las tareas domésticas y al cuidado de la familia. No es algo menor, porque esa extenuante jornada es una de las razones que, en la práctica, impide que las mujeres tengan el mismo derecho que sus compañeros a dedicarse a la organización y la lucha por sus propios derechos.
Como si todo esto fuera poco, son las trabajadoras, las mujeres de las barriadas populares, las jóvenes con empleos precarios y desocupadas las que corren riesgos de salud y hasta el peligro de morir cuando, por las más diversas circunstancias, recurren a la interrupción voluntaria del embarazo.
No más muertes por abortos clandestinos
Todas las mujeres atravesamos la experiencia de un aborto o vivimos de cerca esa experiencia de nuestra madre, nuestra hija, una hermana, una amiga, una vecina, una compañera de trabajo o estudio. Porque, en Argentina, se practican 500 mil abortos cada año: la más elocuente demostración de que la penalización del aborto no impide que éste se realice y que las mujeres de todas las condiciones sociales recurran a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las más diversas circunstancias. La penalización del aborto, evidentemente, no impide su práctica; lo único que consigue es que se realice en clandestinidad.
Y si bien todas las mujeres atravesamos o vivimos de cerca la experiencia del aborto, las condiciones impuestas bajo la clandestinidad no son para todas iguales. Para una minoría, están disponibles las clínicas truchas –con atención médica, anestesistas, monitoreo cardíaco, enfermeras e higiene-, donde el pago de más de mil dólares garantiza una intervención quirúrgica aséptica, rápida, sin complicaciones. Se calcula que el negocio reditúa mil millones de pesos al año, una cifra que no sólo permite cubrir los costos y los honorarios profesionales, sino que también paga la impunidad, mediante coimas a la policía, los funcionarios municipales, abogados, etc.
Mientras tanto, una gran mayoría de las mujeres no encuentran otra salida que recurrir a parteras y enfermeras que atienden en su propia casa, a métodos caseros de improbable eficacia, a farmacéuticos y curanderos, a consejos que circulan a media voz, a otras medidas drásticas sugeridas por la propia desesperación… ¿Para qué entrar en detalles por todas sabidos? Se calcula que son aproximadamente 400 las mujeres que mueren por esta razón, cada año, con perforaciones uterinas, hemorragias incontrolables y cuadros de infecciones generalizadas. Las que corren ese riesgo son las adolescentes y jóvenes de las barriadas populares, las mujeres que tienen trabajos precarios, aquellas que están desocupadas sosteniendo a su familia con subsidios mínimos, las que son sostén de hogar con salarios que ni siquiera cubren la canasta familiar…
Penalizando el aborto no se puede evitar que éste ocurra. En cambio, si fuera legal, se podrían evitar tantas muertes producidas por las consecuencias del aborto clandestino. Por eso, junto con la exigencia de educación sexual y el acceso gratuito a la anticoncepción, la lucha por el derecho al aborto –para que sea legal, seguro y se practique gratuitamente en los hospitales públicos- forma parte de la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras y el pueblo pobre.
Organicemos comités de apoyo a la ley por el derecho al aborto, que junten firmas para exigir que sea aprobada en el Congreso, que impulsen una gran campaña activa con afiches, pintadas, buscando la adhesión de sindicatos, comisiones internas, delegados y delegadas, para que seamos miles quienes nos movilicemos para conquistar este derecho.
* Por Andrea D’Atri
